“Por la historia reciente de nuestra provincia no podemos reposar en la tranquilidad. Por esa razón este Ministerio Público trabajó a destajo para avanzar con esta investigación que dio sus frutos”. Esas palabras salieron de la boca de la fiscala Mariana Rivadeneira cuando acusó a cuatro policías y a un civil de instigar a una sedición policial. La pesquisa no terminó, avanza a paso lento pero firme. La representante del Ministerio Público tendría identificados a otros uniformados que habrían estado detrás de la fallida huelga policial.

El sábado 24 de febrero, el jefe de Policía Joaquín Girveau presentó en Delitos Telemáticos documentación donde informaba la existencia del grupo de WhatsApp “Sueldo Policial 2024” creado dos días antes y que ya tenía más de 1.000 integrantes. Señaló además que desde esa y otras redes sociales se estaba incitando a una protesta. Los investigadores sumaron las pruebas suficientes y consiguieron que el juez de turno autorizara una serie de allanamientos en toda la provincia.

A partir del día siguiente, se desarrollaron una serie de allanamientos en los que se secuestraron celulares y otros dispositivos para ser analizados y se detuvo a cinco personas que fueron individualizadas como posibles cabecillas. En esa lista aparecen:

- Carlos Alberto Córdoba: empleado de la Municipalidad de Lules que está acusado de haber publicado el mensaje “vamos por el autoacuartelamiento”.

- Walter Federico Moreno: empleado policial que es el titular de la cuenta donde se realizaba el depósito del dinero de la colecta que realizaban para contratar los servicios de un abogado.

- Juan Eduardo Adrián Chebbib: también efectivo que cuestionó a los administradores del grupo de WhatsApp por haber desaparecido.

- Héctor Eduardo Coria: empleado policial que trabajaba en prensa del Ministerio de Seguridad y que fue individualizado por haber facilitado el contacto para dialogar con un abogado.

- Víctor David Graneros: efectivo que fue el creador del grupo “Salario Policial 2024” donde los sospechosos se organizaron.

- Gustavo Morales: la fiscala decidió procesar al abogado al encontrar, entre otros indicios, un mensaje de audio en el que el profesional ofrecía sus servicios para “fines nobles y que estén relegados por una superioridad corrupta, aquí estoy”.

Procesamiento

Todos los acusados negaron haber tenido alguna participación en el hecho, pero se contradijeron. Por ejemplo, Coria negó conocer a Morales, pero él reenvió el audio del profesional al grupo de los sospechosos. El abogado, en la audiencia de formulación de cargos, denunció al jefe de Policía de haberlo apremiado ilegalmente. Sin embargo, el procedimiento en el que fue detenido fue avalado por el veedor del Colegio de Abogados.

El juez Alejandro Valeros aceptó la acusación pedida por Rivadeneira y los seis fueron procesados por instigar una sedición policial. Salvo Morales, a todos los demás se les dictó la prisión preventiva por dos meses. También dictó una resolución clave: declaró la investigación como compleja, por lo que la fiscalía tendrá mucho más tiempo para analizar el expediente. Por decisión del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, la fiscala Susana Cordisco colaborará en la pesquisa.

Según confiaron fuentes judiciales, al analizar sólo uno de los celulares secuestrados, los pesquisas lograron identificar a varios uniformados que habrían decidido sumarse a la huelga policial. Varios de ellos recordaron la sedición de diciembre de 2013. “Esa fue la única vez que nos escucharon. Tendríamos que hacer lo mismo”, escribió uno de los sospechosos haciendo referencia a la huelga policial que terminó en los trágicos saqueos que se registraron en el Gran San Miguel de Tucumán.

Aunque no se brindó ninguna información sobre lo que ocurrirá en el futuro, no se descarta que en las próximas horas se realicen nuevos allanamientos y más detenciones. “Este es un problema serio, que va mucho más allá de la situación de un abogado; acá estamos hablando de que hubo un plan para acabar con la paz”, indicó una fuente judicial.

El gobernador Osvaldo Jaldo sigue muy de cerca el desarrollo de la investigación. “Todos los que están detrás de esta movida y los que pretenden sumarse, terminarán tras las rejas”, señaló el titular del Poder Ejecutivo antes de viajar a Buenos Aires.

Casualidad o causalidad, el intento de huelga llegó al juicio que se está desarrollando en contra del ex jefe de Policía Mario Racedo y más de 30 efectivos. Los acusados no sólo analizaron la situación, sino que también se ventiló durante el debate. Diego Herrera, considerado como uno de los cabecillas, indicó que Víctor Nacusse, uno de los referentes de los miembros de la fuerza calmaba a sus compañeros y les pedía que negocien. “Nos llamó la atención que, a pesar de que varios de ellos ya no forman parte de la fuerza, sigan opinando y analizando planteos salariales”, indicó una fuente.

Medidas judiciales

Fue una especie de partida de ajedrez. Mientras el Colegio de Abogados anunció que solicitaría el juicio político contra una fiscala y una jueza por el allanamiento y detención del penalista Gustavo Morales, el gobernador Osvaldo Jaldo salió a respaldar el accionar de la Policía y del Poder Judicial en este caso.

El Colegio de Abogados trató y aprobó el trámite para que el presidente de la entidad solicite el juicio político en contra de la fiscala Mariana Rivadeneira y la jueza María Valeria Mibelli. Ayer la Comisión Asesora de Juicio Político de ese cuerpo elevó un informe en el que cuestionan el accionar de las dos magistradas y recomendaron al Consejo de la entidad que se inicien el pedido formal de destitución. Horas después, el Consejo se reunió y aprobó la sugerencia.

El presidente del Colegio ahora deberá presentar el pedido en la Legislatura. Los dirigentes aclararon que esta es una reacción por el ataque a la profesión.

“Ante el intento de levantarse contra el pueblo tucumano como ocurrió en diciembre de 2013, un hecho que ni queremos recordar, quiero expresar mi total respaldo al Poder Judicial porque supo actuar en tiempo y en forma. Se han detenido a los supuestos responsables y sigue avanzando judicialmente. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, señaló Jaldo en una entrevista telefónica con LA GACETA.

“Se han detenido a los supuestos responsables y se sigue investigando porque llegaremos hasta las últimas consecuencias”, añadió. “Valoro la actuación de la Policía y de la Justicia, porque han evitado que los tucumanos volvamos a vivir lo de 2013. Esos días en los que no sólo se perdieron vidas, sino que también hubo caos que generó serios problemas económicos a muchos tucumanos”, dijo. “Este gobernador va acompañar y colaborar para, sí la Justicia lo determina, queden presos todos los responsables”, finalizó.